Sergio García
05 Septiembre 2017•Actualizar: 05 Septiembre 2017
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, promulgó la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que establece la creación de unos equipos de trabajo que vigilarán las contrataciones hechas al interior de las entidades del Estado.
La Ley obliga a las instituciones del gobierno a tener una unidad que investigue las situaciones que representen algún riesgo de corrupción dentro de sus instituciones. Los nuevos equipos tendrán entre sus funciones la posibilidad de intervenir e incluso paralizar los procesos de contratación.
La ley establece la participación del Ministerio de Justicia en las negociaciones con el Estado que superen la inversión de un millón de dólares y en los procesos en los que resulten denunciadas altas autoridades del gobierno.
García aseguró que las unidades se encargarán de revisar los documentos vinculados a la contratación estatal y que trabajarán con las informaciones de la Policía y los organismos de control financiero de su país.
“Lo más importante es que las unidades garanticen que no haya funcionarios corruptos", afirmó el vicepresidente boliviano.
García aseveró que los nombramientos de los directores de las unidades no estarán a cargo de las entidades estatales a las que vigilarán. Anticipó que las elecciones de los líderes de los nuevos equipos serán hechas por otras instancias para prevenir la complicidad en los actos delictivos que cometan los funcionarios.
"Nadie puede utilizar el nombre del presidente o del vicepresidente para pedir trabajo o favores, porque los vamos a meter a la cárcel", manifestó el vicepresidente.
La ley fue elaborada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia y aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional del país suramericano. Las entidades y empresas públicas que no cuenten con las unidades deberán implementarlas en los próximos 90 días.
