Por: Susana Noguera Montoya
Colombia está viviendo fuertes manifestaciones como las que tuvieron auge a finales de 2019, antes de la pandemia de la COVID-19. El pasado lunes 21 de septiembre, el Comité Nacional del Paro en Colombia encabezó las marchas y plantones en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Villavicencio, entre otras importantes ciudades del país.
En la primera manifestación multitudinaria luego de seis meses de restricciones por la pandemia, se levantaron carteles en contra del abuso policial y cientos mostraron su descontento por los muertos y heridos a manos de la Policía. Las manifestaciones se convocaron semanas después de la muerte de Javier Ordóñez, abogado y padre de dos niños, a manos de patrulleros en la capital colombiana. Dos de los señalados fueron acusados por la Fiscalía por los delitos de tortura agravada y homicidio agravado.
El asesinato de Ordóñez llevó a un estallido social. Durante las protestas iniciales tras el asesinato, ciudadanos grabaron videos de agentes de Policía abriendo fuego contra manifestantes desarmados. Al menos 10 personas murieron por armas de fuego y más de 72 resultaron heridas, según las cifras entregadas por la Alcaldía de Bogotá. Todos los muertos fueron jóvenes menores de 30 años y algunos de ellos eran menores de edad.
La congresista Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, ha estado realizando una investigación sobre el asesinato de Ordóñez. En entrevista con la Agencia Anadolu, dijo que lo más doloroso que encontró fue enterarse cómo Ordóñez “fue torturado por la Policía. Cómo (los patrulleros) se aprovecharon de un uniforme, se aprovecharon del hecho de que tenían armas para asesinar a una persona en total estado de indefensión”.
La representante a la Cámara advierte que el caso de abuso policial ocurrió en un momento en que el país enfrenta la pandemia de la COVID-19 y la consecuente crisis económica. El desempleo, que ya llegó al 20% según las últimas cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), afecta principalmente a los jóvenes. El descontento social va en aumento.
“Esto es una olla a presión”, dice Miranda. “Vemos un Gobierno desconectado de las peticiones de la ciudadanía, entonces obviamente la gente sale a marchar con toda la legitimidad”, añade la legisladora.
Ver también: Cientos de personas se manifestaron en Colombia en contra de la brutalidad policial
Mientras avanza el juicio contra los dos policías directamente involucrados en la muerte de Ordóñez, muchos colombianos siguen preguntando qué cambios de fondo son necesarios en la institucionalidad colombiana para evitar los abusos de la fuerza pública.
Jerónimo Castillo Muñoz, director de estudios en seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que "sin lugar a dudas lo que se vivió en Bogotá fue dramático, pero lo más preocupante es que esto puede volver a suceder”.
La Corte Suprema de Justicia se pronunció el pasado martes sobre los abusos policiales. En un fallo sin precedentes, el alto tribunal señaló que existe una “violación sistemática” del derecho a la protesta por parte “de la fuerza pública”, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Le ordenó al Gobierno colombiano tomar medidas que garanticen la protesta pacífica, ya que la fuerza pública está haciendo una “intervención sistemática, violenta y arbitraria” en contra de los manifestantes.
Para Castillo, la Policía tiene una concentración de poder muy importante y unos mecanismos de supervisión y control debilitados. “Ahí radica buena parte de los conflictos que estamos viendo en este momento”, dijo el analista en entrevista con la Agencia Anadolu.
El poder que ostenta la Policía en Colombia se puede entrever en la cantidad de recursos y trabajos que tiene bajo su control. El cuerpo realiza labores de investigación judicial, de inteligencia y vigilancia. También ayuda en la lucha contra las drogas, en el control aduanero y en el manejo de tránsito. “El Código de Policía les da un poder enorme de intervención en muchísimos aspectos. Es una mega institución”, explica Castillo.
La Policía colombiana, aunque es civil según la Constitución de 1991, tiene una arraigada cultura militar. Décadas de guerra contra las drogas y conflictos con grupos armados ilegales la convirtieron en un cuerpo con distintivas características castrenses, como armamento pesado, rangos militares y helicópteros listos para el combate. Hasta tiene una unidad de operaciones especiales militares conocido como Comandos Jungla encargada de realizar operaciones contra el narcotráfico, las bandas criminales y el crimen organizado.
“Es una policía que no desarrolló completamente su proceso de democratización”, dice Castillo. “Tiene una cultura militar y no absorbió los principios de discrecionalidad que caracterizan a los funcionarios públicos. Es una policía muy militarizada”, añade el analista.
Entender este contexto es clave para saber lo complejo que es pedir una reforma al cuerpo. “Tenemos que hacer de alguna manera un movimiento un poco más complejo para ver cómo desconcentramos poder en la Policía, cómo mejoramos sus condiciones profesionales, cómo realmente hacemos una gran reforma”, dice el experto.
La Fundación Ideas para la Paz ha desarrollado algunas encuestas en diversas regiones de Colombia para adentrarse en los problemas de legitimidad que tiene el Estado colombiano. Las encuestas encontraron que dos de cada 10 ciudadanos señalan haber sido víctima de abuso de autoridad, ese abuso de autoridad en la mitad de los casos está relacionado con la Policía.
“En esas encuestas tenemos elementos para darnos cuenta que los policías no llegan a las zonas rurales o intimidan a algunas personas que llegan a los cascos urbanos. Pero realmente no lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos que el fenómeno existe, pero no sabemos la dimensión”, dice el analista.
Por otro lado, las encuestas también han encontrado que la fuerza pública -Ejército y Policía- juega un papel importantísimo en la construcción de legitimidad del Estado. Muchos ciudadanos ven a la Policía como el organismo que ayuda a brindar mayor seguridad y hace cumplir la ley. “No es tan sencillo como decir: los policías son los malos y no hacen nada”, dice Castillo. El experto afirma que es necesario hacer un análisis riguroso para profundizar y conocer las dimensiones del problema.
A la hora de preguntarse qué tipo de reforma sería necesaria para la Policía es importante mirar muchos más factores que influyen en la legitimidad del Estado y el bienestar ciudadano.
La idea de 'Estado' en Colombia, dice Castillo, se ha reducido a la presencia de la fuerza pública. “El Estado es un conjunto de instituciones, tres ramas del poder público (…), es algo muy complejo que nosotros hemos simplificado en militares”, dice el experto.
Este problema histórico sale a relucir cuando se utiliza la fuerza como principal respuesta ante las protestas sociales. Las marchas ocurren cuando miles de ciudadanos sienten que sus gobernantes no responden a sus necesidades. “Aquí debemos vivir escandalizados todo el tiempo porque no tenemos políticas públicas eficientes”, dice Castillo.
Por eso, cuando se habla de buscar soluciones al abuso policial, el experto resalta la importancia de fortalecer otras entidades como la Procuraduría y las personerías municipales. Ambas son fundamentales para tener buenos niveles de detección de abuso de autoridad, de investigación sobre los abusos y para poner en marcha controles preferentes.
Por ejemplo, si un ciudadano es víctima de un abuso policial, es muy poco probable que quiera poner la denuncia ante la misma institución que le hizo daño. Es ahí cuando entra a jugar la Personería, que tiene como función principal proteger los derechos humanos y puede recibir la denuncia. Sin embargo, para que el sistema funcione bien, el ciudadano debe conocer la opción que tiene y el personero debe tener las capacidades de recibir y tramitar la denuncia. “Hay que hacer un fortalecimiento a las capacidades estatales y darles una armonía institucional que no existe”, dice Castillo.
Para el experto, a la hora de pensar una reforma a la Policía es necesario hacer un trabajo de investigación profundo que incluya a los diversos sectores ciudadanos. Eso requiere tiempo y un respaldo político importante. “Reforma a la policía sí, pero aún tenemos unas deficiencias institucionales enormes, que son las que explican por qué tenemos este grado de violencia institucional”, dice el analista.
El tipo de educación que reciben los policías también juega un rol importante. Tanto Miranda como Castillo resaltaron la importancia de analizar a fondo el tipo de entrenamiento que se les da a los miembros de la fuerza pública, tanto a los oficiales de alto rango como a los patrulleros y el personal operativo.
“La educación tiene que ser civil. Si tenemos un cuerpo civil, su educación también debe ser civil”, dice Castillo. Para el experto, no tiene ningún sentido que la Policía tenga su propia universidad, sino que deberían ir a centros educativos públicos o privados ante de ingresar a la carrera policial.
Para Miranda, también hay una profunda desigualdad entre las oportunidades y la educación que se les brinda a los oficiales y la que reciben los miembros de rangos más bajos, como los patrulleros. “Antes, mínimo tenían que aprobar un curso para salir a la calle y portar el uniforme. Hoy en día ha habido cursos de apenas cuatro meses. Eso es cuestionable y preocupante”, dijo la congresista.
Katherine Miranda dice que en este momento no hay suficiente respaldo político para una reforma a la Policía: “En este momento está muy caldeado el país, la situación está muy dura y no vemos voluntad política”.
La congresista cree que una reforma es importante porque ayudaría a proteger los derechos humanos, pero además mejoraría la institución y las condiciones de vida de los mismos policías. La legisladora critica la posición que ha adoptado el presidente Iván Duque y el partido de Gobierno: “Creen que apoyar a la Policía es ponerse una chaqueta y gorra de la institución y darles palmadas en la espalda a los policías”, pero necesitan mucho más que eso, asegura la congresista.
Por su parte, Castillo cree que no es el momento político para una reforma profunda a la Policía, pero es necesario empezar a pensar las reformas necesarias teniendo en cuenta las demandas ciudadanas. "Tenemos la Comisión Nacional de Policía y Participación Ciudadana. Es ahí donde se deberían empezar a discutir las reformas a la Policía", dice el experto.
Mientras en el Congreso la reforma a la Policía tiene poco respaldo, en las calles la gente sigue exigiendo soluciones. “Estamos enfrentando unos problemas sociales y económicos enormes y el punto es cómo vamos a tramitar esas demandas”, dice Castillo. “Estamos en un problema grande. Nos espera una demanda social creciente y en esa medida nos espera protesta social, porque no hay una solución”, concluye.
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