Michael Hernández
23 Noviembre 2017•Actualizar: 23 Noviembre 2017
Las acciones de los funcionarios fronterizos estadounidenses para implementar la prohibición de viajar del presidente Donald Trump a siete países, de mayoría musulmana, fueron legales y profesionales, dijo el martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
"Los funcionarios del Departamento actuaron profesionalmente y de manera legal al implementar una Orden Ejecutiva emitida por el Presidente", dijo el vocero del departamento, Tyler Houlton, en un comunicado a la Agencia Anadolu.
La defensa se produce un día después de que una carta del inspector general del departamento a los legisladores se publicara en línea, alegando irregularidades en torno a la implementación de la prohibición de viajar.
En la misiva, el inspector general del DHS, John Roth, dijo que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza "violaron dos órdenes judiciales diferentes" que limitaron la implementación de la prohibición de viaje de Trump a los siete países de mayoría musulmana.
Al romper con la narrativa de la Casa Blanca sobre cómo se implementó la orden de Trump, Roth dijo que los departamentos responsables de la implementación "prácticamente no tenían aviso de que se iba a emitir [la orden ejecutiva] o el alcance de la orden", y que las preguntas básicas quedaban sin respuesta cuando entró en vigor.
Los hallazgos son parte de un informe de 87 páginas que Roth dijo que finalizó a principios de octubre, pero se ha estancado debido a que funcionarios del Departamento intentaron bloquearlo por contener material que puede ir en contra del secreto profesional, o un privilegio separado conocido como "proceso deliberativo".
Roth escribió que está "particularmente preocupado" con la perspectiva de que el departamento invoque un proceso deliberativo.
"Invocar el privilegio del proceso deliberativo, en este informe y en reportes futuros, obstaculizaría significativamente la capacidad de mi oficina para mantener al Congreso informado en su totalidad sobre los problemas y deficiencias del Departamento, según lo exige la Ley del Inspector General", escribió.
En cuanto a su conclusión de que el departamento violó dos órdenes judiciales, dijo que, si se invoca el privilegio, no podrá establecer la base fáctica de cómo llegó a esa conclusión.
Houlton dijo que el material dentro del informe "está cubierto por privilegios otorgados por una ley bien reconocida…(y) esto no debería sorprender ya que muchas de las actividades en la implementación de la orden ejecutiva se llevaron a cabo en medio de un gran número de demandas y, más tarde, órdenes judiciales que dieron forma a la respuesta del Departamento", dijo.
*María Paula Triviño contribuyó con la redacción de esta nota.
