Susana Patricia Noguera Montoya
11 Noviembre 2017•Actualizar: 12 Noviembre 2017
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia declaró constitucionales los tres artículos de la Ley General de la Coca que regulan las zonas legales de cultivo y que los cocaleros de los Yungas habían demandado porque amplían este beneficio a la zona del Chapare, en el centro del país.
La norma estipula 14.300 hectáreas para la región tradicional de los Yungas, en el norte de La Paz, y 7.700 hectáreas para el Chapare, bastión político del oficialismo.
Las hectáreas de coca del Chapare ha suscitado controversias. El representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), César Guedes, ha señalado que el 94% de la coca del Chapare no pasa por el mercado legal.
Los legisladores opositores Wilson Santamaría y Óscar Ortiz presentaron, cada uno por separado, recursos en demanda de la inconstitucionalidad de los artículos de la ley que legalizan un total de 22.000 hectáreas en Bolivia.
Para los legisladores y los productores yungueños no se debería legalizar la coca que antes era considerada ilegal.
Aun así, a juicio del TCP, en la normativa promulgada el 8 de marzo de 2017, “no se advierte” que los artículos impugnados vulneren el texto constitucional”.
Para los sectores del oficialismo, el límite fijado de cultivos responde a la demanda legal de coca.
