Daniel Gallego
09 Marzo 2022•Actualizar: 09 Marzo 2022
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció este martes que, recientemente, llegó a un acuerdo con el Gobierno de Xi Jinping para realizar una visita a China que incluya un desplazamiento a la Región Autónoma Uigur de Sinkiang.
En su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante la exposición de varios informes anuales sobre diversos países, Bachelet informó que su oficina y el Gobierno chino iniciaron preparativos concretos para realizar una visita prevista para mayo de este año.
Bachelet señaló que “el Gobierno también aceptó la visita de un equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para preparar la estadía en China” y agregó que el “equipo partirá a China el próximo mes”.
La alta comisionada aseguró que “los preparativos deberán tener en cuenta las regulaciones por la COVID-19”.
“En China, sigo preocupada por el trato que reciben las personas que hablan sobre cuestiones de derechos humanos que se consideran críticas contra las políticas de las autoridades a nivel local o nacional, algunas de las cuales han enfrentado restricciones en su libertad de movimiento, incluido el arresto domiciliario o, en algunos casos, han sido condenados a penas de prisión basadas en cargos penales derivados de sus actividades”, explicó la alta comisionada.
Bachelet afirmó que su oficina “planteó una serie de casos de este tipo al Gobierno” y alentó a las autoridades a tomar medidas para “garantizar que la libertad de expresión y de opinión se respete y proteja plenamente”.
En Sinkiang, los musulmanes de etnia uigur han sido objeto de abusos durante años debido a su identidad y cultura.
Según datos de la ONU, al menos un millón de uigures son mantenidos contra su voluntad en lugares que Pekín llama "centros de formación profesional", pero que los críticos definen como campos de reeducación política, abusos y tortura.
Pekín ha negado cualquier mal accionar y califica las acusaciones de violaciones de derechos como un "virus político" utilizado por Occidente para difamar a su país.
