Andreina Itriago
17 Agosto 2018•Actualizar: 17 Agosto 2018
La organización venezolana Una ventana a la libertad (UVL), que defiende y promueve los derechos humanos de detenidos, reveló en un informe presentado este jueves en Caracas que en el primer semestre del 2018 en 93 de los centros de detención preventiva se evidenciaron los efectos de una “emergencia humanitaria compleja”, así como el fracaso en la gerencia del sistema penitenciario de Venezuela.
Nada ni nadie escapa de la crisis, mucho menos dichos centros, ubicados en 12 estados del país.
“No es solo lo que vive la colectividad venezolana en las calles día a día, sino que las personas que están en las cárceles lo viven mucho peor”, afirmó el director, Carlos Nieto Palma, a la Agencia Anadolu.
UVL ya ha denunciado antes que en Venezuela, los más de 500 centros de detención preventiva que existen se han convertido en un sistema penitenciario paralelo al sistema carcelario formal, con lo que funcionarios policiales se han convertido en "custodios penitenciarios de facto", “sin contar con la preparación ni la formación necesaria para garantizar la adecuada atención de las personas bajo custodia”, advierte la organización.
Y así como ellos no están preparados para atenderlos, los calabozos policiales, en los que los detenidos no deberían estar más de 48 horas, tampoco son adecuados para que permanezcan en ellos por semanas e incluso meses.
De acuerdo con el informe semestral de UVL, la mayoría de estos centros de detención preventiva no cuentan con servicio médico, ni comedor, ni lavandería, ni áreas recreativas, ni áreas especiales para la población LGBTI; tampoco para adolescentes –hay 23 de ellos detenidos en los 12 centros de estudio; ni para personas con discapacidad.
Algunos de estos centros no cuentan siquiera con servicio de agua potable, baños, duchas ni iluminación. En estas condiciones viven al menos 12.000 personas, de una población total de 47.000 que están en centros de detención preventiva.
El promedio general de hacinamiento en estos espacios, en esas condiciones, es de 271%, mientras que en los nueve que fueron monitoreados en el estado occidental de Falcón la cifra asciende a 704%.
De los 199 detenidos que podría haber en estos espacios, están 1402.
Igual de alarmante es la cifra de 163 muertes registradas en el primer semestre de 2018, en su mayoría por motines, pero también por enfermedades como la tuberculosis, riñas entre los reclusos, intentos de fuga y enfrentamientos tras fugas, desnutrición, falta de atención médica y suicidios, entre otras causas desconocidas.
En el mismo período de 2017 se reportaron solo 27 fallecidos.
“En las condiciones observadas, los denominados CDP no son más que deficientes depósitos de seres humanos donde se trata cruelmente a las personas, los cuales no cumplen ninguna función socializadora o correctiva. El Estado es el responsable directo de estas condiciones y el principal actor emplazado por las leyes a su pronta corrección. Igualmente, ante su inacción, será responsable de las violaciones de derechos humanos que sucedan en estos centros”, advirtió UVL en las conclusiones de su informe semestral.
Una Ventana a la Libertad asegura que el Ministerio para el Servicio Penitenciario, que funciona desde 2011 en Venezuela, “no ha logrado controlar ni reducir la violencia carcelaria y dista mucho de garantizar cabalmente los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad”.
