Michael Hernández
14 Septiembre 2017•Actualizar: 14 Septiembre 2017
La administración Trump violó la constitución de los EEUU al requisar, sin órdenes judiciales, teléfonos celulares y laptops de viajeros estadounidenses en la frontera, señala una demanda presentada este miércoles.
La Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU en inglés) y la Electronic Frontier Foundation (EFF) entablaron la demanda en una corte del distrito de Boston, Massachusetts, en nombre de 10 ciudadanos estadounidenses y un residente permanente.
La demanda nombra a la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), Elaine Duke, como la acusada, junto con el comisionado interino de Aduana y Protección Fronteriza (CBP), Kevin McAleenan, y el director interino de Migraciones y Aduanas, Thomas Homan.
La demanda alega que los teléfonos y laptops de 11 viajeros fueron requisados en la frontera por el DHS, en una práctica que la ACLU describió como “cada día más común”.
La demanda busca que las autoridades reciban órdenes judiciales, basadas en causa probable, antes de llevar a cabo las requisas. También busca enfrentar la confiscación de aparatos que pueden durar semanas o meses, dijo la ACLU.
“El Gobierno no puede usar la frontera como una red para husmear nuestra información personal”, dijo la abogada de la ACLU, Esha Bhandari en un comunicado.
“Nuestros aparatos electrónicos contienen grandes cantidades de información que pueden dar un cuadro detallado de nuestras vidas personales, incluyendo emails, textos, listas de contactos, fotos, documentos de trabajo y registros financieros y médicos. La cuarta enmienda (de la Constitución de EEUU) indica que el Gobierno debe tener una orden judicial antes de que pueda revisar el contenido de nuestro teléfonos y laptops en la frontera”, agrega el comunicado.
Un veterano del Ejército, periodistas, estudiantes, un artista y un ingeniero de la NASA figuran entre los demandantes. Muchos son musulmanes y gente de color, dijo la ACLU.
Uno de los demandantes, Akram Shilby, fue físicamente restringido por los agentes de aduana en la frontera con Canadá, luego de negarse a entregar su teléfono, el cual eventualmente fue sacado de su bolsillo y requisado por más de una hora, alegó la ACLU.
Anteriormente, Shilby le había entregado el teléfono a los agentes cuando entró a Canadá, tres días antes, dijo el grupo de derechos civiles.
“Me uní a la demanda para que otras personas no tengan que pasar por lo que me pasó a mí”, dijo Shilby en un comunicado de la ACLU.
“Los agentes fronterizos no deben presionar a la gente para que les den acceso a sus teléfonos, físicamente o de otras maneras”, agregó Shilby.
Aduanas y Protección Fronteriza, manejado por el DHS, ha llevado a cabo requisas de casi 15.000 aparatos electrónicos en la primera mitad del año fiscal 2017. El número es casi el triple de las realizadas por el CBP en el año fiscal 2015, dijo la ACLU.