Por: Diego Carranza
Un número indeterminado de los cerca de 352 mil migrantes venezolanos que viven en Bogotá habita en los denominados pagadiarios, hostales que cobran la estadía por noche, y que están ubicados en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires (centro de la ciudad), una de las zonas más deprimidas de la capital colombiana.
Estas personas que salieron de Venezuela debido a la crisis multidimensional que atraviesa el país desde hace años, están entre los más vulnerables ante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19.
El escenario para los migrantes venezolanos que habitan en los pagadiarios se torna mucho más complicado, pues estas personas, cuya cantidad exacta no es conocida por las autoridades, viven de lo que consiguen en las calles bogotanas en oficios informales, como la venta de diferentes productos en buses, cantando o simplemente pidiendo dinero contando sus historias.
Pero dada la cuarentena nacional decretada por el gobierno de Iván Duque hace ya 10 días para evitar la propagación del virus, muchos no han podido salir a conseguir dinero para pagar el alquiler diario y su alimentación.
El secretario de Gobierno de la capital colombiana, Luis Ernesto Gómez, le contó a la Agencia Anadolu que muchas de estas personas fueron desalojadas porque no tienen con qué pagar. “Son personas que viven de las ventas informales, del día a día, a quienes la imposibilidad de salir a trabajar está poniendo en riesgo su capacidad de pago de arriendo y de abastecerse con alimentos mínimos. Ante eso no tenemos sino comprensión y solidaridad”, dijo el funcionario.
El pasado martes, la Secretaría de Gobierno debió atender a unas 1.300 familias, por lo menos 4.500 individuos, entre migrantes y otras poblaciones vulnerables como indígenas del barrio Santa Fe, que habían sido desalojadas por falta esa falta de pago. Sin embargo, el Distrito impidió proseguir con el desalojo y adicionalmente entregó un mercado a cada familia para que pudiera permanecer durante la cuarentena en aquellos lugares.
Ante la crisis y en los decretos de emergencia emitidos por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se incluyó una disposición que prohíbe que se hagan desalojos cuando hay un “no pago”. Según explicó Gómez, esto no exime de la cancelación del monto, pero tampoco “permite el desalojo durante el periodo de la cuarentena”.
El Distrito aseguró que garantizará en todo momento que estas personas no sean desalojadas y pidió “empatía y solidaridad” a los arrendatarios para que durante este periodo no haya expulsiones. De lo contrario, afirmó, se acudirá al “legítimo uso de la fuerza” y a las sanciones correspondientes, “ya que estarían incumpliendo una Ley”.
“Hacemos un llamado a partir de la buena fe de la gran mayoría de las personas… antes del dinero (debemos) pensar en la condición humana y el bienestar de los seres humanos”, indicó el funcionario capitalino.
Las autoridades distritales tienen claro que la emergencia sanitaria también ha golpeado a los dueños de los pagadiarios y otros arrendatarios, por ello contempla otra serie de acciones. “El siguiente en la línea de rescate es la clase media, que son entre otros, los posibles arrendadores, y por eso la Alcaldía está trabajando en un paquete de medidas orientado hacia la clase media que se pueda anunciar la próxima semana, con programas de alivios financieros y demás”, detalló el funcionario.
Sumado a lo anterior, el Ejecutivo Nacional a través del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, dio a conocer un paquete de medidas en la materia y advirtió que “el mensaje del presidente (Duque) es que no se puede desalojar a nadie en Colombia, no importa si el contrato es a un mes, un año, o un día, cualquier tipo de contrato de arrendamiento formal o informal”.
Atención en alimentación y subsidios en especie
La Alcaldía capitalina tiene contempladas varias medidas para atender a estas poblaciones vulnerables durante el periodo de la cuarentena. Una es el plan Bogotá Solidaria en Casa.
De acuerdo al secretario, unas 355 mil familias que están en la extrema pobreza van a recibir el beneficio de los COP 423.000. Pero adicionalmente, hay otras 150 mil que no se clasifican en la categoría de extrema pobreza, sino consideradas vulnerables, que también recibirán una transferencia, pero de COP 178.000. A groso modo, se estaría hablando de una suma superior a los COP 176.800 millones en transferencias monetarias.
"(Vamos a) transferirle esta suma a una población, digámosle casi invisible, que no está en las bases de datos de Familias en Acción o el Sisbén (el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales), entre otras”, detalló Gómez.
El funcionario califica como “población invisible”, es decir no censada, a personas como los que fueron atendidos tras los desalojos de esta semana: “A ellos se les van a dar subsidios en especie (mercados, alimentación y otro tipo de apoyos) que permitan que durante la cuarentena tengan unos mínimos de supervivencia”.
Según lo establecido por el Gobierno Nacional, la cuarentena se extenderá hasta el 13 de abril próximo. Sin embargo, tal como lo sugirió la alcaldesa Claudia López días atrás, cabría la posibilidad de extenderla por lo menos hasta junio. Y si esto llegase a suceder, los montos de las ayudas se modificarían, afirmó Luis Ernesto Gómez.
Atención en salud
Otro aspecto fundamental que requiere atención es la salud de dichas poblaciones vulnerables. El secretario capitalino subrayó que el Distrito está atendiendo “en igualdad de condiciones con la red pública y privada a todos los casos de COVID-19, independientemente de su estrato, ingresos o de su origen”.
Esta misma semana, el asunto había sido objeto de encuentros entre los Gobiernos Nacional y el Distrital. Mientras Claudia López aseguraba que Bogotá no podía hacerse cargo de los venezolanos y que esto correspondía a las entidades del orden nacional, Migración Colombia insistió que tiene la responsabilidad sobre la entrada y salida de personas del país, identificación de extranjeros y cumplimiento de las normas, pero que "no pueden brindar ayudas ni atención humanitaria”.
A través de las redes sociales, el secretario de Gobierno notificó este jueves, tras una reunión con representantes de la Casa de Nariño, que el Distrito actuará conjuntamente con el Ejecutivo.
“Toda la población vulnerable en Bogotá, nacional o migrante, recibirá una atención oportuna y solidaria durante la emergencia del COVID-19. Trabajaremos con el Gobierno Nacional y sus gerentes de Frontera, (Felipe Muñoz), y de Migración (Colombia, Juan Francisco Espinosa). Dividiremos tareas y gastos”, notificó.
Así las cosas, el Distrito cubrirá los gastos de educación de 46 mil niños y la atención en salud y servicios esenciales de más de 400 mil migrantes. De todas maneras, según Gómez, la administración distrital pedirá al Gobierno Nacional su apoyo complementando la asistencia de alimentos y albergue durante la crisis.
Desde el Ministerio de Salud le explicaron a la Agencia Anadolu que los migrantes en situación regular pueden acceder al sistema de salud “por vía normal para sus respectivas atenciones en el marco de la emergencia sanitaria”, y aquellos que se encuentren en situación irregular “pasan por urgencias”.
Igualmente, según un boletín emitido por esta cartera, se han dado disposiciones a las entidades territoriales para que atiendan y garanticen el aseguramiento de esta población al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Por su parte, Migración Colombia ha recalcado que se ha solicitado ayuda internacional para poder seguir atendiendo a los migrantes.
Lea también: ¿Cómo funciona el sistema de donaciones Bogotá Solidaria en Casa de la capital colombiana?
