Diego Camilo Carranza Jimenez
24 Abril 2018•Actualizar: 24 Abril 2018
Relatores de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidieron a México que proteja la independencia de medios de comunicación y libertad de expresión en el nuevo proyecto de ley sobre publicidad oficial que se tramita en el Legislativo.
“Miembros del gobierno de México utilizan miles de millones de pesos al año en publicidad oficial, pero la falta de regulación constituye un serio riesgo para la independencia de los medios y viola el derecho a la información”, dijeron en un comunicado conjunto, Edison Lanza y David Kaye, relatores para la libertad de expresión de la CIDH y Naciones Unidas, respectivamente.
Los expertos advirtieron que “la ley debe prohibir claramente el uso de la publicidad oficial para fines electorales o partidarios o para infringir la libertad de los medios”, y que además debe establecer mecanismos para la vigilancia externa mediante un órgano autónomo.
Lanza y Kaye expresaron su preocupación por la iniciativa, pues a su juicio, deja un “amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad”.
Resaltaron la importancia de contar con criterios claros preestablecidos para “explicar los fundamentos jurídicos y razones” en torno a la asignación de los recursos de publicidad.
“Preocupa la falta de un sistema efectivo de rendición de cuentas debido al incumplimiento de la ley”, enfatizaron.
En una decisión “histórica”, informaron, el 15 de noviembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de México le ordenó al Congreso emitir una ley para regular la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018 y aclaran que la legislación propuesta presentada al Congreso “procura cumplir con esta orden”.
Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, “la Cámara de Diputados del Congreso mexicano aprobó este proyecto de ley el 10 de abril, en un proceso caracterizado por la falta de consulta significativa con la sociedad civil y otros actores interesados”.
El proyecto de ley está en discusión en el Senado, donde varios legisladores han solicitado cambios. No obstante, los senadores del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) no han admitido modificaciones.
