El presidente Jimmy Morales le pidió al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, que abandonara inmediatamente Guatemala, luego de declararlo “non grato”.
La decisión del mandatario se da dos días después de que el Ministerio Público y la Cicig, le pidieran a la Corte Suprema de Justicia retirarle el derecho de antejuicio a Morales e investigarlo por financiamiento electoral ilícito. Como secretario general de su partido, el Frente de Convergencia Nacional, Jimmy Morales no justificó ante el Tribunal Supremo Electoral el origen de GTQ 6.7 millones (USD 920 mil) utilizados durante el proceso electoral de 2015.
La Corte Constitucional guatemalteca dejó sin efecto la decisión del presidente, y amparó provisionalmente al magistrado colombiano y le ordenó al Estado la protección de Velázquez.
El derecho de antejuicio es una garantía que le otorga la Constitución a los dignatarios funcionarios públicos, de no ser detenidos ni ser sometidos a procedimientos penales.
Un alto funcionario del Gobierno guatemalteco, que pidió mantener su identidad bajo reserva, le dijo a la Agencia Anadolu que el país está viviendo una “crisis política inédita”. En menos de un día renunciaron tres ministros, cuatro viceministros y un comisionado que representaba al jefe de Estado en el Instituto de Fomento Municipal, manifestando su desacuerdo con la decisión. La fuente señala que no se descartan más retiros.
Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala y jefa del Ministerio Público, dijo que Morales le está dando la espalda a la lucha contra la corrupción, y anunció que renunciaría si Velázquez era expulsado del país.
Las Embajadas en Guatemala de Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea rechazaron la medida anunciada por el Ejecutivo.
“La decisión de expulsar al Comisionado Iván Velásquez del país daña la capacidad de la Cicig para cumplir con su mandato”, dice el comunicado oficial de la embajada estadounidense en el país centroamericano.
La fuente señaló que el anuncio de Morales fue apresurado y “colérico”, porque el hijo y el hermano del presidente están siendo investigados por el caso conocido como “Botín al Registro Propiedad”, un desfalco de GTQ 269 mil (USD 36 mil) que terminaron en manos de particulares a través eventos que nunca se realizaron.
El comisionado de la Cicig es nombrado por Naciones Unidas y trabaja en coordinación con el Ministerio Público contra la impunidad en Guatemala.
La Cicig fue creada por solicitud del Gobierno de Guatemala a la Organización de Naciones Unidas por la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad implicados en crímenes violentos, amenazas a los defensores de los derechos humanos, así como a los oficiales investigadores del sector de justicia. Entró en vigencia el 4 de septiembre de 2007.
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