Santiago Serna
17 Octubre 2017•Actualizar: 17 Octubre 2017
El alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, actualmente en el exilio, rindió declaración ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la necesidad de que se instaure una investigación por parte de la Corte Penal Internacional a los abusos de la fuerza pública en Venezuela.
Smolansky alzó la voz en contra del gobierno de Nicolás Maduro y aseguró que “en el 2017 unos 12 alcaldes han sido destituidos: cuatro están presos, seis en el exilio y dos permanecen en el país, en un limbo judicial. Todos representamos a 10 millones de ciudadanos del país, es decir, un tercio de la población”.
“No hubo forma de apelar nuestras destituciones como ocurre en un estado de derecho legítimo. Fue una decisión que se tomó semanas después de que Maduro ordenara justica contra los alcaldes fascistas, apátridas, que impiden el libre tránsito de la democracia”, agregó.
Smolansky dijo a la OEA que hay cuatro alcaldes injustamente detenidos, “víctimas de capturas arbitrarias y tratos degradantes, crueles. Quienes están aislados han sufrido torturas psicológicas y físicas. Exigimos de inmediato la libertad de ellos y los presos políticos de Venezuela”.
Para el alcalde destituido de El Hatillo, todo aquel que se expresa de manera distinta a los intereses del Estado es víctima de represión y de arresto.
Smolansky indicó que ha sido víctima por parte del Gobierno y de sus medios de comunicación por sus raíces judías.
Y concluyó: “el principal responsable de esta persecución es Michael Moreno, presidente del ilegitimo Tribunal Supremo de Justica (TSJ). Un tribunal que está para impartir impunidad desprotegiendo a las instituciones venezolanas”.
Smolansky explicó que desde 2014 se han asesinado a más de 120.000 venezolanos por causa de la inseguridad, en un marco de absoluta impunidad. “Todos en Venezuela tenemos un número. Lo que varía es cuando cae la guillotina”, afirmó.
Por su parte, el líder político del partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, aseguró que hubo supuestos delitos cometidos por el oficialismo en contra de unos 500 dirigentes de oposición en el país suramericano.
Hay más de 20 alcaldes de oposición bajo investigación en Venezuela.
Esta es la primera vez que se tratan temas de gobiernos locales en esta instancia de la OEA.