Diego Camilo Carranza Jimenez
06 Diciembre 2017•Actualizar: 06 Diciembre 2017
Organizaciones de la sociedad civil mexicana protestaron este martes en las afueras del Senado para pedirle a la cámara alta que no apruebe la Ley de Seguridad Interior, un proyecto que obtuvo el aval de la Cámara de Diputados la semana pasada y que faculta al Ejército mexicano para realizar labores de seguridad pública.
Activistas y miembros de diferentes organizaciones ingresaron al recinto y entregaron un documento con 100 mil firmas a la Mesa Directiva para rechazar el proyecto de decreto por el que se expide la ley. El Senado recibió hoy para discusión la minuta que contiene la iniciativa.
De acuerdo a quienes rechazan la Ley, esta norma abre la puerta a la militarización del país, permite que las Fuerzas Armadas no rindan cuentas por su intervención en tareas de seguridad pública, y además autoriza al Ejecutivo a ordenar “acciones inmediatas” a discrecionalidad, entre otras.
El inconformismo por esta iniciativa ha trascendido las fronteras de México y ha suscitado críticas de organismos internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, envió una comunicación oficial al Gobierno de México para expresar su preocupación por la eventual aprobación de la norma, pues considera que tiene elementos “inquietantes” como la subordinación de elementos de seguridad civiles a las Fuerzas Armadas, un esquema ausente de rendición de cuentas, o el incumplimiento de acuerdos internacionales.
En un comunicado, la CIDH señaló que es “fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas”.
El órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aseguró que la experiencia en la región, y en el país, ha demostrado que este tipo de intervenciones han generado graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también expresó su voz de protesta, pues consideró que la Ley “genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas”.
