Sergio Felipe Garcia Hernandez
19 Abril 2018•Actualizar: 19 Abril 2018
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que Colombia colaboró con actos conspirativos en su territorio, al permitir que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el exilio adelantara una sesión en Bogotá donde se ordenó una medida de prisión preventiva contra el presidente, Nicolás Maduro.
Saab le pidió a la Cancillería de su país que envíe una nota de protesta a Colombia al considerar que desde su territorio se atentó contra la soberanía nacional.
“Hay que protestar a Colombia la acción de prestar su territorio para atentar contra la democracia venezolana”, declaró el fiscal al medio local Unión Radio.
El funcionario afirmó que la Asamblea Nacional no debe prestarse para aprobar un juicio sobre el que aseguró que carece de legalidad y usurpa las funciones del tribunal supremo que tiene sede en su país y es reconocido por el Gobierno.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio ordenó la privación preventiva de la libertad del presidente de su país, Nicolás Maduro, en el marco de una investigación por delitos asociados a un presunto caso de corrupción relacionado con la empresa brasileña Odebrecht.
La corte exiliada sesionó en la Sala Constitucional del Congreso de Colombia, en Bogotá, el pasado 10 de abril.
“Se ordena notificar a la Fuerza Armada Nacional y al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas que procedan a su captura y detención colocándolo a la orden de este máximo tribunal de Justicia”, indicó el TSJ en un fallo.
El pronunciamiento del tribunal fue revisado por la Asamblea Nacional de Venezuela que aprobó el martes la continuación del enjuiciamiento a Maduro hasta que se alcance una sentencia definitiva.
La Asamblea Nacional de Venezuela nombró el 21 de julio de 2017 a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fueron amenazados por Maduro de ser enviados a la cárcel por “usurpación de funciones”.
Los abogados salieron de Venezuela y fueron recibidos en condición de asilo por países como Chile, Panamá y Colombia.
Los 33 magistrados se juramentaron el 13 de octubre del año pasado en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, EEUU, y conformaron el tribunal en el exilio.